Para entender la estafa con las compensaciones tributarias es necesario aceptar que durante 15 años a nadie se le ocurrió examinar la operatoria. Impericia o complicidad, debe investigarse. Por Carlos Matteoda.

Por Carlos Matteoda

ATER: inexplicables fallas en el control del “fraude imposible”

Para entender la estafa con las compensaciones tributarias es necesario aceptar que durante 15 años a nadie se le ocurrió examinar la operatoria. Impericia o complicidad, debe investigarse.

Aquella mañana que Estrella Yankelevich se despidió diciendo “Chicas voy al banco. Ya vuelvo” para nunca más volver, comenzó a correrse el velo de complicidad y silencio que cubrió durante por los menos 15 años el mayor fraude de la historia de la provincia. La mujer fuerte del organismo recaudador entrerriano acababa de reconocer ante Marcelo Casaretto y siete directores del organismo (la estructura tiene nueve pero hay dos cargos vacantes) su responsabilidad en un fraude sistemático que se extendió por le menos durante una década y media.
“No me hubiera gustado irme así después de tantos años en el organismo, pero debo decir que la responsabilidad es exclusivamente mía”, mintió para cubrir, o tal vez para poner más en evidencia lo que resultaba obvio: muchas más personas participaron de la maniobra que restó fondos al Estado para salud, educación o seguridad. Y otros tantos más, no hicieron nada para evitarlo.
Tan grave como la estafa es, para el funcionamiento del Estado, el fracaso de los organismos de control que nunca advirtieron lo que estaba ocurriendo.
Algunas versiones periodísticas atribuyeron al azar el descubrimiento de la maniobra. Hubo mucho de azar, pero también es cierto que desde el inicio de su gestión al frente de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) Casaretto se había encargado de retacear algunas de las facultades discrecionales que tenía la poderosa jefa de Despacho del organismo a quien, luego de 30 años encaramada en la estructura del ente, casi todos le debían algún favor. Servicial con sus jefes, severa con sus subordinados, la mujer tenía facultades impensadas dentro del organismo, especialmente a la hora de establecer cómo y cuánto debían tributar los contribuyentes más importantes.
Pero en el fraude no estuvo. Es materialmente imposible que la maniobra se haya llevado a cabo con poca gente.

La magnitud
La investigación de la estafa que desarrolla la ATER, y que sirve de base para la causa judicial en marcha, se desarrolla en cuatro etapas. En las tres primeras se detectó hasta ahora el faltante de 45 millones de pesos a valores históricos, en el cual están involucrados decenas de contribuyentes, en por lo menos 340 maniobras irregulares. El de la ATER no era un robo ocasional, sino una maniobra de todos los días.
La determinación del gobierno de llevar el caso a la Justicia (Casaretto, avalado por el gobernador Sergio Urribarri), es meritoria sobre todo si se considera que entre los involucrados hay hombres del mismo signo partidario de estos funcionarios, algunos de ellos actualmente en el ejercicio de la función pública, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo. Aunque esas personas no figuren entre los imputados, su vinculación se deduce lógicamente desde el desarrollo más probable del fraude. Hoy, a muchos de ellos, les cuesta disimular el nerviosismo.
También aparecerán rozados dirigentes de la oposición, ya que este fraude tuvo la particularidad de sortear los vaivenes de los cambios políticos.

Tratando de zafar
La reciente declaración del productor agropecuario Aníbal Darío Aisichovich genera expectativas sobre el quiebre del pacto de silencio que parecía existir en torno de los hechos. Imputado en la causa, Aisichovich reveló que hizo operaciones para compensar deudas tributarias con el Estado en la casa del exfuncionario municipal de San Salvador (y empleado de ATER) Darío Barreto, en calle Tomás de Rocamora 434. Esa casa fue allanada el jueves.
Según Aisichovich, Barreto le gestionaba las compensaciones a través del pago con créditos que compraba a algunos acreedores del Estado entrerriano, y con los cuales compensaba sus deudas tributarias.
Esa supuesta compra debía ser a empresas proveedoras del Estado provincial a las que les costaba cobrar por los bienes o servicios brindados, y por ello decidían perder parte de ese crédito, vendiéndoselo a menor precio a algún contribuyente.
Dice Aisichovich que lo que se ahorraba era poco, 10% o 20%; por lo que habría que pensar que -como en realidad no le compraban el crédito a nadie, sino que lo simulaban- Barreto y sus compinches se quedaban con el 80% o 90% de cada deuda compensada.
En esta hipótesis Aisichovich y otros contribuyentes podrían haber actuado de buena fe. Eso es lo que intentarán demostrar en tribunales y deberán “tirarle con todo” a Barreto y compañía. Pero no es sencillo ya que la única forma que tiene un proveedor del Estado de transferir una deuda a un tercero (para que la cobre o compense impuestos) es a través de un acta de cesión de crédito, que certifique la existencia de la deuda a través de documentación tal como orden de compra, remitos, facturas y toda una serie de pasos administrativos cumplidos.
Si los contribuyentes que sostienen que actuaron de buena fe en la maniobra ilícita no acreditan la existencia de estos elementos, su accionar difícilmente pueda escapar a la calificación legal, ya que sabían que estaban comprando un crédito inexistente. No hay vuelta.
En esta puja por sacarse responsabilidades de encima, se abre la posibilidad de conocer mucho más lo ocurrido, siempre teniendo en cuenta que las principales pruebas existen: son los registros de ATER. Nadie duda de la existencia del delito, se discute cuánto participación tuvieron cada uno de los protagonistas ya conocidos, y los que todavía no se conocen pero paulatimanete deberían ir apareciendo en escena. Ya sea los que previsiblemente aparecerán, como los extitulares de la DGR Aurelio Miraglio y Guillermo Linesky, el extesorero de la Provincia Gustavo Gioria, contadores, abogados, funcionarios del Ministerio de Economía y legisladores.

Controladores que no controlan
¿Nadie se dio cuenta en 15 años de lo que estaba pasando? No. ¿No? No sé.
El término de 15 años es arbitrario, pero no exagerado. En la ATER decidieron que van a revisar los archivos desde 2014 hasta 1999. En ese período gobernaron la provincia Sergio Montiel, Jorge Busti y Sergio Urribarri. Más atrás tal vez el fraude seguía, no se sabe, pero menor que ese lapso no fue la duración de la estafa.
Así, por el tiempo continuo transcurrido en su ejecución, por los montos involucrados, por la cantidad necesaria de partícipes (por obra y omisión), puede afirmarse que se trata del mayor hecho de corrupción de la historia entrerriana, o uno de las más importantes.
El rol de los organismos de control resulta inevitablemente cuestionado. El principal, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos (TCER). Parece, a primera vista, que desde 1999 jamás se le ocurrió a Tribunal controlar las compensaciones.
A poco de descubierto el hecho, el TCER anunció la creación especial de una Unidad Especial de Auditoría (UEA) para investigar el caso. El texto de la resolución, y más aún el de la gacetilla de prensa, resultan una suerte de excusa por las fallas en el control.
Se señaló, por ejemplo, que en el marco de las atribuciones del Tribunal, el organismo efectuó auditorías “sobre los ingresos percibidos a cargo de la ex.Dirección General de Rentas, (hoy ATER), sobre cuestiones puntuales y específicas, y teniendo presente la disponibilidad de personal dependiente del Cuerpo de Auditores ”. Luego se mencionan ejemplos como las actuaciones labradas en relación a tierras fiscales y extracción de minerales o la recaudación del impuesto de sellos.
Pareciera que el Tribunal se queja de la falta de recursos humanos, aunque poco se dice sobre qué se hizo para remediarla durante 15 años.
También indicó el TCER que esos controles “fueron desarrolladas con procedimientos de auditoría adaptados a cada caso en particular, con la singularidad de no contar con documentación e información ordenada y completa que respalde todos y cada uno de las operaciones o movimientos efectuados y registrados en el organismo recaudador de la Provincia”.
Resultaría interesante conocer si esa falta de documentación ahora aludida fue advertida por el cuerpo, ya que su Reglamento Interno establece dentro de sus funciones la de “efectuar relevamientos administrativo-contables en los organismos sujetos a la competencia y jurisdicción del Tribunal, tendientes a conocer su estructura orgánica y funcional y a la vez realizar una labor de asesoramiento, prevención e informativa para el mejor cumplimiento de las disposiciones legales por parte de aquellos, formulando al respecto las recomendaciones que se estimen”.
Y también es parte de las funciones del Tribunal: “Informar sobre modificaciones a introducir en las estructuras administrativo-contables de los entes sujetos a la jurisdicción y competencia del Tribunal, tendientes al logro de formas eficientes y actualizadas de organización”. Nada de esto se hizo en 15 años en lo relativo a las compensaciones tributarias.
Asimismo se mencionó en la resolución de creación de la UEA que hasta el momento el contralor “se ejecutó mediante pruebas selectivas y sin tener en forma previa el universo de la materia a controlar, lo que implicó carecer de certeza de alcanzar a la totalidad de las operaciones llevadas a cabo (...)” y que “dada la complejidad y magnitud de la organización administrativa del órgano controlado, donde se detecta la falta de un sistema predeterminado y con ejecución sistemática de controles internos por oposición, se torna necesario continuar avanzando en la eficiencia y eficacia de los controles a ejecutar”. Tarea que no se realizó, aparentemente, por 15 años.

Las dudas sobre el Tribunal
Resultaría lógico pensar que para fortalecer los controles que se han venido ejecutando en el área de ingresos tributarios de la ATER, se determine primero por qué no se pudo descubrir este hecho durante una década y media. Vale recordar que no lo detectó el TCER, y por tanto hubieran podido pasar otros 15 años sin que lo descubrieran.
Pero además, resulta necesario determinar si el ineficiente accionar del cuerpo de control fue por falta de pericia, o si existió complicidad de miembros del TCER para no poner en evidencia el fraude.
Debería la investigación judicial establecer cuáles fueron desde 1999 a la fecha los programas de auditorías realizados por el jefe de auditores y por el jefe del área Administración Central para controlar la DGR (hoy ATER). Ver también que informes resultaron desde el 99 a la fecha y, puntualmente, si advertían sobre la falta de información y las falencias en la forma de control, o si omitían esos detalles.
Al leer la resolución que dio origen a la Unidad Especial, un desprevenido podría pensar que el TCER carece de personal idóneo y experimentado, o que tal vez resulta mal remunerado en sus funciones.
Sin embargo, la magnitud del cuerpo de contadores que trabajan como auditores en el Tribunal y las remuneraciones que perciben les deberían permitir una dedicación full time, más allá de que legalmente tienen la posibilidad de dedicarse simultáneamente a la actividad privada.
Justamente esta situación de los miembros del Tribunal de poder también desempeñarse en el ámbito privado dispara la inquietud sobre la posibilidad que dentro de la nómina de empresas involucradas, haya alguna que tenga como responsable de su administración contable a alguno de los miembros del Tribunal de Cuentas.
Sería saludable conocer si los responsables de las auditorías ejercen la profesión en forma privada, y con qué empresas se vinculan. Igualmente serviría conocer la plantilla de auditores e incluso las horas de trabajo que prestan a la Provincia.
Del mismo modo, debería indagarse sobre la posibilidad de que exintegrantes de la ATER hoy se desempeñen en el Tribunal y tengan relación con el fallido control.
Respecto de la valía profesional de los miembros del Tribunal de Cuentas, pocas dudas caben al respecto. La mayoría ostenta dos y hasta tres décadas de experiencia en ese organismo, por lo que resulta más extraño la impericia en la caso del fraude con las compensaciones.
Desde un análisis lógico, podría incluso preguntarse si resulta razonable que dicha Unidad Especial esté encabezada por el jefe del cuerpo de auditores, Eduardo Rudi, que es el responsable operativo del control de los últimos 15 años, durante los cuales el fraude no se detectó. Algo parecido sucede con el Jefe Área Administración Central contador Hugo Jensen.
Son muchas las preguntas que sobre el accionar del TCER podría incluir el trabajo judicial de investigación, encabezado por el Procurador del Superior Tribunal de Justicia Jorge García.
Si a estos cuestionamientos, surgidos simplemente de la lectura de las funciones del Tribunal, se suman otros recolectados en el off the record, podría indagarse acerca de las razones por las cuales en alguna oportunidad el TCER tuvo retaceados los fondos de su funcionamiento desde el área de Economía de la Provincia.

Otros organismos
Otro organismo al que debería apuntar la parte de la investigación que determine cómo fue posible semejante fraude, es la Contaduría General de la Provincia, encabezada actualmente por el extitular de la DGR Aurelio Miraglio. Ese organismo también tiene una función inexcusable de control sobre el área impositiva.
Al respecto, resulta necesario conocer quienes fueron los contadores delegados por ese organismo provincial en la DGR-ATER desde 1999 a esta parte, qué programas de trabajo tenían, qué controles efectivamente llevaron a cabo, qué informes produjeron al respecto y quién recibió esa información.
Igualmente corresponde preguntarse, en base al fracaso de los dispositivos institucionales de control, si la Fiscalía de Estado debe iniciar contra los funcionarios responsables de estos organismos algún tipo de acción administrativa o judicial.

Silencio en las Cámaras
Otro dato llamativo, al menos desde la óptica del funcionamiento político, es lo que sucede, o mejor dicho, lo no sucede en las Cámaras Legislativas entrerrianas frente al fracaso de los órganos de control. En otras situaciones similares, en la Legislatura se generan comisiones de investigación pero hasta el momento no ocurrió nada de eso con el fraude a la ATER.
No hay que remontarse mucho en la historia provincial para recordar casos de fuerte intervención del Poder Legislativo en los organismos de control, como ocurrió en 1993 con la modificación de la ley del TCER en el marco de una situación en la que resultó destituido de una vocalía del cuerpo, mediante un jury, el vocal José Rubén Morel. Los miembros del tribunal pueden ser sometidos al Jurado de Enjuiciamiento, según la Constitución Provincial, en caso de mal desempeño en sus funciones.

¿Será mucho pedir?
Tal vez parezca mucho pedir, que además de la investigación del fraude, se investigue el fracaso del control. Pero si se tiene en cuenta que a los entrrerrianos nos dicen que durante 15 años a nadie se le ocurrió controlar las compensaciones impositivas, esta investigación es lo menos que se debe exigir.

Exenciones
Existe otra modalidad tributaria cuya investigación arrojaría sorpresas, en caso de ser analizada, según se comenta en los pasillos de la ATER.
En el marco de esta extraña situación en la que a nadie se le ocurrió controlar los conceptos tributarios que significan ingresos que en realidad no ingresan a las arcas del Estado, se rumorea que existen situaciones poco claras en lo relativo a las exenciones impositivas que otorga la Provincia por diferentes razones.

 

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