Al analizar el articulado de la recientemente sancionada norma de creación del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Social de Entre Ríos (Prodiser), la diputada socialista en el FAP, Emma Bargagna, advirtió que el texto reformó el Código Fiscal, ya que introdujo el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, y modificó la ley impositiva número 9622, agregando las alícuotas de ese nuevo tributo. La legisladora afirmó a AIM que “a diferencia de lo que afirma el oficialismo, con esta ley van a pagar más lo que menos tienen”.

 

Bargagna/ “Van a pagar más los que menos tienen”

(AIM).- Al analizar el articulado de la recientemente sancionada norma de creación del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Social de Entre Ríos (Prodiser), la diputada socialista en el FAP, Emma Bargagna, advirtió que el texto reformó el Código Fiscal, ya que introdujo el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, y modificó la ley impositiva número 9622, agregando las alícuotas de ese nuevo tributo. La legisladora afirmó a AIM que “a diferencia de lo que afirma el oficialismo, con esta ley van a pagar más lo que menos tienen”.

 

En la segunda sesión de prórroga del 133° periodo legislativo, que se realizó este jueves, la diputada socialista en el FAP votó positivamente en general y en particular, la  iniciativa del Poder Ejecutivo que autoriza la creación del Programa de Infraestructura Social de Entre Ríos (Prodiser), que pretende erradicar villas mediante la construcción de viviendas, y negativamente a la reforma del Código Fiscal y de la ley impositiva.

Sobre la creación del Prodiser, Bargagna consideró correcto que el Estado provincial “atienda la concreción del Derecho Humano a la vivienda de los entrerrianos  de escasos recursos”, y evaluó como “aceptable que el Estado garantice la construcción de las viviendas”.

Sin embargo, hizo la salvedad de que, al prever la suma de 60.000.000 de pesos con este destino, “ante los anuncios públicos del gobierno de que con tales fondos realizaría 6000 viviendas, ello no será así, ya que se optó por la modalidad de constitución de Fideicomiso. Si consideramos la intermediación prevista, los costos mínimos de una vivienda, más la de arquitectos, constructores, entre otros profesionales, se puede considerar un costo final mínimo de 50.000 pesos por unidad, lo que determina que se podrán construir solamente 1.200 viviendas”.

También señaló una serie de imprecisiones referidas la selección de los destinatarios, ya que, según opinó, “debería haberse asumido la obligación de escrituración de terrenos individuales (no de propiedad horizontal, como se ha hecho en experiencias anteriores, ya que no son funcionales), con acceso directo a vía pública, para permitir la circulación vehicular, es decir, que puedan entrar los servicios (por ejemplo, ambulancias) y asegurar que los grupos habitacionales contarán con conexión de servicios: agua, electricidad, alumbrado público, fundamentales para que la vivienda que se otorgue, sea digna”.

 

Reforma al Código Fiscal: impuesto a la transmisión gratuita de bienes

Sobre este punto, la diputada socialista rechazó de plano esta reforma, ya que “se aplicará sin discriminar la franja pequeños y medianos propietarios urbanos, suburbanos, subrurales y rurales, lo que determinará una fuerte carga impositiva sobre las transmisiones de bienes de escaso valor económico, generando -en algunos casos- la posible pérdida del bien para pagar costos: el impuesto creado por este proyecto, honorarios y gastos, (que aumentarán como consecuencia del valor reconocido como base para el cálculo del tributo)”.

Además marcó que “se aplicará tomando como base del cálculo siempre el mayor valor del bien, es decir, el valor de mercado, lo que implica la lisa y llana derogación del avalúo fiscal,  que desaparece para dar lugar a una dificultosa valuación de mercado en la que la Agencia Tributaria de Entre Ríos (Ater) intervendrá para discutir el mayor precio, lo que anuncia, además de mayores costos y conflictos, la posibilidad de demoras y dilaciones para que los bienes puedan ser inscriptos a nombre de los beneficiarios o herederos”.

Para la socialista, “resulta contrario al interés de los contribuyentes que la normativa autorice, e incluso, obligue a la Ater  a valuar los bienes a transmitir sobre el valor más alto en todos los casos. Las exenciones son pocas, acotadas, y  prácticamente muy difíciles de que se den”, aseveró.

La abogada destacó que “el texto contiene normas de carácter sustancial que modificarían el Código Civil. Al colisionar estas normas con el Código, estarían en condiciones de dejarse sin efecto por inconstitucionales”.

 

Modificaciones a la ley impositiva

Párrafo aparte dedicó Bargagna a las alícuotas para el cálculo del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. “A diferencia de lo que afirma el oficialismo, en esta ley van a pagar más lo que menos tienen. No existe una progresión justa, equilibrada y que deje a salvo al pequeño y mediano propietario urbano y rural. Por eso, estos artículos fueron votados negativamente”.

Por último, acotó que estas medidas “generan una sobrecarga fiscal y comprometen la gobernabilidad de esta gestión. Estamos convencidos que si el gobernador, Sergio Urribarri,  optara por reclamar a la nación lo que nos debe, todos lo apoyaríamos”.

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