El Diputado Nacional Julio Solanas presentó este viernes un proyecto de resolución a fin de expresar preocupación y rechazo ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de iniciar un proceso de precarización y privatización del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Solanas rechazó la precarización del INTI y solicitó que se revisen los despidos.

El Diputado Nacional Julio Solanas presentó este viernes un proyecto de resolución a fin de expresar preocupación y rechazo ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de iniciar un proceso de precarización y privatización del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Solanas destacó que este proceso se inicia “con el objetivo de tercerizar controles de calidad sobre productos industriales; relegando su principal función, que es generar y proveer servicios tecnológicos en distintas áreas que son estratégicas para la industria, como por ejemplo la alimentación y el medio ambiente”.

A su vez, el legislador entrerriano solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que se habiliten las instancias necesarias para que se revise la situación de los doscientos cincuenta y ocho (258) trabajadores despedidos en todo el país, incluyendo en su petición a los trabajadores de las plantas de las Provincia de Entre Ríos (Regional Concepción del Uruguay, y sus Unidades de Extensión en Paraná, Concordia y Gualeguaychú).

Este proyecto se encuentra motivado en la necesidad de resguardar en principio las fuentes laborales de trabajadores, pero también de preservar las herramientas de investigación del Estado argentino”, argumentó el diputado.

 

“El Poder Ejecutivo Nacional, a contrapelo de una política de desarrollo industrial, a través de la intervención del INTI echó a 258 científicos y empleados de distintas áreas, quienes se encuentran en plena toma de las instalaciones y quienes han denunciado públicamente la ausencia absoluta de dialogo”, enfatizó Solanas.

 

En los fundamentos del proyecto el legislador apuntó “Claramente, el Poder Ejecutivo ha promovido una política de persecución y ajuste, con el objeto de favorecer a consultoras extranjeras, como Tecnalia, a quien se pagó € 295.000 (equivalentes $7.649.350) por el plan de reestructuración que llevaría adelante”.

Y en el mismo sentido agregó “en otras palabras esto es llevar a que la Empresa del Estado sea improductiva, ineficaz o perjudicial para luego tener una justificación ante la sociedad, para privatizarla y que el privado amigo obtenga todos los beneficios de un instituto o empresa que siendo correctamente administrado produzca sus ganancias”.

En razón de ello, y a fin de evitar que se continúe con acciones de desmantelamiento y despidos, desde los distintos sectores sociales y políticos debemos aunar esfuerzos”, concluyó Solanas.

La norma fue acompañada por el Presidente del bloque FPV Agustín Rossi, Hugo Yasky, Guillermo Carmona, Juan Manuel Huss, Lucila Masin, Santiago Igon, Juan Manuel Pereyra, Analuz Carol, Darío Martínez y Marcelo Santillán.

 

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