Hace un par de meses preparé una nota para un periódico de la región, donde trataba de interpretar la crítica situación actual. Lamentablemente la marcha posterior de los acontecimientos está agravando el escenario, en el sentido que manifestaba en ese texto.
Profesor Luis Lafferriere

 

Este saqueo voraz lleva a la desintegración social

Hace un par de meses preparé una nota para un periódico de la región, donde trataba de interpretar la crítica situación actual. Lamentablemente la marcha posterior de los acontecimientos está agravando el escenario, en el sentido que manifestaba en ese texto. Lo comparto en el texto que copio más abajo (“Un plan genocida…”), con la intención de enriquecer el debate. Se agradecen y serán bienvenidas las críticas que deseen realizar.

El gobierno sigue entregando de manera irresponsable y brutal las divisas que pertenecen a todos los argentinos (aún con más endeudamiento), para que los especuladores y usureros se lleven la riqueza al exterior. Nos dejan la herencia del pago futuro de una deuda fraudulenta e impagable, que quieren descargarla sobre todo el pueblo, aceptando cualquier condicionamiento del FMI y renunciando a nuestra soberanía.

Como la voracidad de los saqueadores no tiene límites, y están embravecidos frente a la conducta entreguista de los corruptos que nos des-gobiernan, los dólares no alcanzan y su valor sigue subiendo raudamente. Con esta devaluación incesante de nuestra moneda, aumentan los precios internos y en paralelo, cae el poder adquisitivo de la población.

Consecuencias, y para que se enriquezca más una minoría privilegiada: cae el consumo, cae el salario, quiebran decenas de miles de empresas PYMES, al tiempo que se multiplican el desempleo, la pobreza y la indigencia. Todo este sacrificio, solo para ofrecer una sociedad sin futuro, que es lo que trato de plantear en el texto mencionado.

Cordiales saludos.
Luis

 

 

Un plan genocida que nunca alcanza a satisfacer la voracidad de los saqueadores

La sociedad argentina viene siendo sacudida por una batería de medidas económicas y sociales que han agravado de manera extrema la precaria situación en que se encuentra la gran mayoría de la población. El punto culminante de esta andanada de misiles contra los sectores populares viene de la mano del ‘generoso’ préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Préstamo que como es habitual en el historial de sus operaciones, incluye condicionamientos para quienes reciben la ‘ayuda’, los que tienen como objetivo central garantizar la continuidad del saqueo de nuestras riquezas por parte de las corporaciones transnacionales y del capital usurario internacional.

Es enorme la cantidad de información, datos y análisis que se vuelcan en diferentes medios sostenidos por el establishment económico y político, donde aparece un justificativo insostenible para engañar al pueblo acerca de las causas de la grave situación y de haber acudido al FMI para sobrellevar la crisis del sector externo. Sostienen que el país gasta más de lo que produce (ha estado de fiesta) y se requiere hacer un ajuste para equilibrar las cuentas (tanto fiscales como externas). Como el Estado gasta mucho, tiene que reducir el gasto. Como el país no genera las divisas suficientes, tiene que ajustar su consumo interno y generar más divisas exportando. Pero como ese proceso lleva tiempo, entretanto hay que acudir al endeudamiento externo.

Considero necesario salir al cruce de semejantes aberraciones, sostenidas por los economistas ‘serios’ del establishment, y para lo cual debo hacer algunas observaciones preliminares, de manera de poner el préstamo del FMI y el análisis de la actual coyuntura económica en el marco del contexto nacional y del modelo socioeconómico vigente en el país. Coyuntura agravada por la falta de dólares para alimentar la gigantesca especulación parasitaria que está desangrando la Nación.

En primer lugar, sostengo que existe una modalidad de funcionamiento del capitalismo dependiente en la Argentina (un modelo socioeconómico) que difiere sustancialmente del que supimos disfrutar durante casi cinco décadas, hasta que la profunda y prolongada crisis que se inicia a mediados de los años ’70 del siglo XX le pondrá punto final. El fin del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) fue acompañado de la gestación de un nuevo modelo en su reemplazo, cuyas bases se fueron dando en los años ’90, y que se desplegó plenamente luego de la crisis de principios de este siglo.

Un modelo que concentra riquezas, saquea y depreda recursos, y ‘devora’ dólares.

Es un modelo neocolonial, impuesto por los sectores económicos más concentrados: las grandes corporaciones y el capital usurero internacional, con la participación infaltable de sectores de la oligarquía nativa como socios menores de la mafia mundial. Ese modelo extractivista depredador y saqueador, presenta entre sus características principales una matriz económica que se asienta en la sobreexplotación de nuestros recursos naturales y en el predominio del capital especulativo, con actividades que concentran el poder en manos de los capitales extranjeros, los que tienen como destino principal de sus rentas extraordinarias llevarlas fronteras afueras. Son los sectores que más ganan, que se llevan puesto el país, pero con dos agregados negativos: generan poco empleo productivo y casi no pagan impuestos.

Como para poner algunos ejemplos de la realidad, las ramas económicas de mayor nivel de ‘competitividad’ tienen que ver con la megaminería, la explotación de hidrocarburos (agravada con la técnica del fracking), la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, actividades todas que depredan nuestros bienes comunes y en muy poco tiempo están conduciendo al agotamientos de esos recursos y a la contaminación masiva de territorios (aire, agua y tierra). Pero mientras tanto, permiten acumular rentas extraordinarias a un reducido número de corporaciones, que aunque ganen en pesos dentro del país, se llevan sus ganancias en dólares al exterior (son las denominadas remesas de utilidades).

Se suman a la fiesta además el sector financiero, la banca privada y los grandes especuladores, quienes se han beneficiado por las políticas que permiten no sólo crear dinero de la nada, sino también multiplicar los fondos sin hacer ningún esfuerzo ni ninguna contribución a la generación de riqueza genuina. También estos sectores se apuran a ‘dolarizar’ sus rentas extraordinarias para poder llevarlas fuera del país, aunque hayan basado sus superganancias en pesos.

Acá se puede agregar el comportamiento de los grandes grupos nacionales y de fuertes actores especulativos que, ‘contagiados’ por la dinámica saqueadora de las corporaciones y la usura internacional, vienen desde los años de la última dictadura llevando sus ganancias al exterior, sólo que no pueden llevarla en pesos argentinos sino que necesitan dolarizarse (constituyen lo que se denomina fuga de capitales, operatoria legal que está permitida desde la reforma financiera de Martínez de Hoz y que ningún gobierno democrático ha alterado desde entonces).

Como corolario de este rosario de saqueadores, hay que mencionar lo que se va del país en concepto de pago de intereses de la deuda, que obviamente debe hacerse en dólares. Deuda que ha sido calificada como fraudulenta por la propia justicia argentina que investigó su origen durante la dictadura, y por lo tanto es nula. Pero que hemos pagado más de diez veces desde entonces y cada vez debemos más.

En resumen, estos sectores que concentran la riqueza y los ingresos, generados a partir de la depredación de nuestros bienes comunes y del esfuerzo del pueblo argentino, necesitan llevarse las ganancias en dólares, lo cual constituye una tendencia al persistente desfinanciamiento del sector externo, donde la única vía para conseguir de manera genuina las divisas para alimentar ese saqueo son nuestras exportaciones. 
Pero como las exportaciones no alcanzan para financiar las importaciones, la remesa de utilidades al exterior por parte de las corporaciones extranjeras, el pago de intereses a los usureros internacionales, y alimentar la mega especulación y la fuga de capitales; los gobiernos acuden a mayor endeudamiento con el exterior. Como tal endeudamiento crece de manera exponencial, llega el momento en que los especuladores deciden comenzar la retirada. Entonces hay cada vez menos dólares para abastecer la timba y el saqueo, y comienzan las disputas y la suba incontenible del valor de la divisa. Y con ella la inflación.

Un modelo cuyos beneficiarios principales no generan empleo productivo

En paralelo a ese proceso, se vino gestando otro grave problema. Este modelo socioeconómico neocolonial, extractivista y depredador, no genera mucho empleo genuino en sus actividades más rentables. Más allá del corto período de notoria reactivación que tuvo la economía entre los años 2003 y 2007, continuado con un crecimiento menor en los años posteriores, y un amesentamiento con altibajos que llega hasta la actualidad, el sector privado más concentrado no fue generando empleo como para absorber el crecimiento de la población económicamente activa.

Por eso ha sido el Estado (en sus distintos niveles) el que ha debido tomar gran cantidad de empleados públicos sin un correspondiente aumento de sus servicios, como forma de atemperar la falta de trabajo. Esa estrategia se complementó con el otorgamiento masivo de subsidios a millones de argentinos, subsidios que buscaron atenuar la grave situación social que se iba gestando. Ya para el 2011 se calculaba que la mitad de la población argentina recibía ingresos del Estado, sea como jubilado, empleado en las diferentes jurisdicciones gubernamentales, beneficiario de subsidios y planes sociales, etc.

Es decir que una característica central del nuevo modelo socioeconómico vigente en la 
Argentina es su falta de generación de empleo, en el marco de un orden social que exige a quienes deben satisfacer sus necesidades básicas que tengan algún ingreso (ya que el mercado no regala nada… vende, es decir abastece a la demanda solvente). Es el drama que viven los desocupados en general, que por no poder encontrar compradores para su fuerza de trabajo, son arrojados a la carencia de bienes indispensables para la vida.

De manera que si el Estado no llega a intervenir con las variadas modalidades como lo viene haciendo, dejaría muchos millones de personas en la absoluta indigencia, con las previsibles consecuencias no sólo de inmoralidad al condenarlas a muerte por inanición, sino de ingobernabilidad e imposibilidad de convivencia en toda la sociedad. Lo que pondría en peligro la propia estabilidad del modelo de saqueo y depredación.

El Estado ha tomado entonces nuevos roles. Además de garantizar la continuidad y profundización del proyecto dominante, de conseguir las divisas para que los saqueadores se lleven nuestras riquezas, también ha debido cubrir uno de los grandes males (‘efectos colaterales’ del modelo) con crecimiento del empleo público y de los subsidios. 
Eso ha llevado a la necesidad de disponer de gastos crecientes con fines sociales, que por supuesto requieren de mayor cantidad de recursos para financiarlos.

Un modelo donde los que más ganan y saquean, no pagan impuestos y reciben subsidios

Y acá viene el otro problema, originado por las particularidades de este modelo neocolonial: los que más ganan en el país y se llevan la riqueza al exterior, no sólo que no generan empleo genuino sino que además no pagan casi impuestos. Nuestro sistema tributario se basa en el predominio de impuestos regresivos, que afectan proporcionalmente más a quienes menos tienen y menos ganan. Es decir, son los impuestos que pagan los trabajadores y consumidores en general, cada vez que compran algo, y representan hasta un 40% o más del precio que abonan (aunque no lo sepan, porque no se discrimina en las facturas de venta). Como los sectores saqueadores se llevan el botín afuera del país, prácticamente no pagan estos impuestos.

Y el impuesto a las ganancias, que teóricamente está para compensar las desigualdades imperantes, es un impuesto que pagan poco y nada las grandes corporaciones y los capitales financieros y especulativos (ya sea por exención, por elusión o por evasión lisa y llana). Como si eso fuera poco, al impuesto a las ganancias lo terminan pagando los pequeños empresarios, los cuentapropistas y hasta los propios trabajadores en relación de dependencia.

Esta situación se ve agravada por la existencia de fuerte subsidios que el Estado otorga a los capitales más concentrados, fuertes grupos empresarios, a través de distintos instrumentos, como políticas promocionales, incentivos para invertir, etc, que implican elevadas transferencias de ingresos a los que más tienen y menos necesitan.

En consecuencia, y considerando los elementos característicos del modelo vigente, nos encontramos con un Estado que no puede cubrir sus requerimientos con los ingresos tributarios, y ha entrado en una fase de creciente déficit fiscal. Ese déficit ha sido financiado con cada vez mayor endeudamiento, tanto interno como externo, que no trae soluciones de fondo sino que implican postergar a futuro, pero agravada, la situación deficitaria inicial.

El panorama descripto no aparece en la realidad argentina en los últimos dos años, sino que es la lógica consecuencia del despliegue del nuevo modelo socioeconómico, que pasó por una primera etapa ‘gloriosa’ de gran expansión y de fuerte generación de empleo, con un aumento significativo del consumo interno, que a su vez dio más posibilidades para las micro, pequeñas y medianas empresas y muchas actividades de economías regionales. Solo que cuando las condiciones iniciales favorables se fueron agotando, comenzaron a aparecer los problemas y los intentos de emparcharlos con medidas aisladas, cosméticas pero sin sustento, que no cambiaban la realidad de fondo.

Esa estructura se mantuvo incólume en los doce años de gobiernos kirchneristas, que concluyeron con un país con una economía estancada y con una situación social lamentable, con un tercio de la población en situación de pobreza, y con graves desequilibrios fiscales y externos.

Las políticas del macrismo: zona liberada para el saqueo y la depredación

El gobierno que asume en diciembre del 2015 no sólo continúa con la esencia del modelo neocolonial, sino que profundiza las políticas más negativas que venían del anterior. Con ellas deja explícito que nuestro país es una zona liberada para el saqueo y la depredación, a costa del sacrificio creciente de la gran mayoría del pueblo argentino. Los sectores más concentrados del poder actúan como una banda de delincuentes, a quienes se les posibilita desplegar su voracidad sin límites. La Argentina se convierte en el terreno ideal para el accionar vandálico de las grandes corporaciones, y se les garantiza una renta fabulosa a la usura nacional e internacional. Cada una de las medidas que se han venido adoptando tienen una constante: transferir recursos desde los sectores mayoritarios y más vulnerables, hacia los sectores más opulentos y parasitarios de la sociedad.

Esas políticas entreguistas y depredadoras tienen la lógica consecuencia de agravar de manera sostenida las condiciones de vida de la población, que sufren no sólo la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos, sino más grave aún la pérdida de su trabajo y de todo tipo de ingreso. Con un accionar gubernamental que no escatima esfuerzos para quitar derechos sociales, previsionales y laborales, pero acompañadas de un relato oficial que se basa en la mentira y la hipocresía de quienes desprecian a los que no pertenecen al círculo exclusivo de los parásitos que conducen el rumbo del país. Pero, para evitar reacciones masivas y violentas de quienes pierden todo y sólo les queda el derecho al reclamo por sobrevivir, han llevado adelante políticas de mega endeudamiento, que significan un ajuste en cuotas crecientes, para arribar a una sociedad sin futuro y un país sin soberanía.

Una crisis autogenerada y una inflación promovida intencionalmente

En el marco antes descripto, la actual coyuntura pone al desnudo la total falta de sustentabilidad económica, política y social de las políticas del gobierno actual, que viene endeudando de manera masiva e irresponsable a la Argentina, para lograr sólo más crisis, más inflación, más miseria, más cierre de PYMES, más saqueo y más fuga de capitales.

A sabiendas de que la estructura económica del país y el modelo neocolonial vigente son concentradoras y saqueadoras de riquezas, a la vez que devoradoras de dólares que terminan en el exterior, el gobierno fue disponiendo medidas que potenciaban ese saqueo, con libertad para el ingreso y la salida multiplicada de los capitales especulativos (engordados por las altísimas tasas de interés), y con libertades también para que los sectores exportadores puedan dejar sus divisas afuera. Lo cual presagiaba lo que luego iba a suceder: cuando los capitales se percatan de la fragilidad y el peligro por la falta de divisas, comienzan la retirada. Fin de la fiesta, que luego debe pagar todo el pueblo.
Pero a la vez, el paquete de medidas antipopulares se conforma con un escenario de inflación sostenida y creciente, que es promovida principalmente por el propio gobierno nacional y por las grandes corporaciones. De manera conjunta, en una estructura de mercados dominada por monopolios y oligopolios que ganan vía el crecimiento desmedido de los precios (que luego se traslada a toda la economía), el Estado y las corporaciones protagonizan e impulsan una suba imparable de la inflación.

La responsabilidad de la política es mayor, no sólo por liberar de controles a las grandes firmas que son formadoras de precios, sino por adoptar medidas que multiplican las presiones inflacionarias. Ante un proceso de aumento del dólar, han ligado los precios de las naftas y de las tarifas de los servicios de gas y electricidad a la evolución de la divisa norteamericana. Es decir, ante el fuego inflacionario arrojan combustible.

La lógica consecuencia del elevado proceso inflacionario es un objetivo buscado de manera intencional, ya que es el vehículo que permite aumentar las ganancias corporativas a costa de la pérdida del poder adquisitivo del salario. Recordemos que con un piso previsto del 30% anual de inflación, se ponía como rígido techo a la recuperación salarial de sólo el 15%- Pero a la vez se elevaba la tasa de interés al capital especulativo al 47%. Es decir, que a unos les quita más del 15% de su poder adquisitivo (los trabajadores), y a otros les regala más del 15% de renta especulativa.

Está muy claro el objetivo principal de las políticas oficiales: transferir recursos de manera brutal desde los trabajadores y consumidores hacia un puñado reducido de grandes corporaciones, bancos y usureros, sector al cual pertenecen un gran porcentaje de los funcionarios del gobierno nacional. Riqueza que no queda en el país, sino que viaja rauda al exterior, pero deja una deuda impagable que debe asumir todo el pueblo argentino. Y la manera de que se impone esa drástica caída salarial, a la vez que disciplinar a los trabajadores, es a través de un proceso recesivo que promueva el desempleo.

Ese proceso recesivo cumple otros dos importantes objetivos adicionales para los sectores dominantes.

Por un lado, afecta en mucha mayor proporción a las micro, pequeñas y medianas empresas (con menores posibilidades de resistir la caída de la demanda global), y al ‘limpiar’ el mercado del molesto ‘chiquitaje’, deja más control a los grupos empresariales más poderosos. Quienes resisten mejor la recesión son las empresas más grandes, y por ende se profundiza la estructura económica concentrada.

Por otro lado, las recesiones en nuestra estructura dependientes, llevan a una fuerte caída del consumo, que afecta la balanza comercial con una disminución de las importaciones y un aumento de los saldos exportables. Son las tradicionales políticas de ajuste (ajustarse el cinturón) que tienen como finalidad un aumento de nuestras reservas de divisas, de manera que los acreedores puedan cobrar normalmente sus intereses, pero que hoy también los especuladores puedan continuar con la timba y el saqueo. 
El significado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Las decisiones que se están tomando buscan mantener la provisión de dólares para el saqueo, a la vez que disminuir el déficit fiscal. Pero la forma en que lo hacen no tiene un contenido humano y sustentable ni un sentido de equidad social, sino que respondiendo a la insaciable sed de riquezas de los capitales más concentrados pretende descargar el peso de la crisis sobre las espaldas de los sectores mayoritarios y de menores recursos.

Están bajando el gasto público vía la caída del salario real de los trabajadores estatales y la disminución de los haberes de miseria que cobran los jubilados. Pero a la vez están subiendo a una velocidad preocupante el gasto en intereses de la deuda en beneficio de los usureros internacionales. Y como los que más ganan pagan muy pocos impuestos, aumentan la presión tributaria sobre el pequeño empresario, los trabajadores autónomos y dependientes.

Como buscan además garantizar la marcha futura del proyecto dominante y condicionar eventuales cambios de futuros gobiernos, el acuerdo con el FMI procura consolidar el rumbo, con más deuda que tiene como destinatarios a los propios acreedores y sostener el saqueo de los capitales especulativos; pero a costa de reducir los salarios, los haberes jubilatorios, el empleo público, la existencia de miles de PYMES, la actividad económica global, y de generar una miseria social realmente insostenible.

En un país con tantas riquezas, como pocos en el mundo, se multiplican los pobres. Casi la mitad de los menores de la Argentina viven en esa condición, lo que ya nos anticipa qué tipo de sociedad quieren construir (o destruir) los que nos mandan. Un presente donde los ancianos son arrojados al tacho de la basura, y más del 70% de los jubilados perciben haberes que no alcanzan a cubrir ni la mitad de la canasta básica de pobreza de la tercera edad. Donde casi el 50% de la población económicamente activa tiene dificultades laborales, porque no consigue empleo o realiza trabajos precarios e informales.

Se están destruyendo los lazos sociales, se está provocando una sociedad sin futuro y se está profundizando el camino hacia el abismo. Eso no puede continuar, puesto que sería como decidir la autodestrucción y el suicidio de una nación. Y cambiar el rumbo es responsabilidad de todos los argentinos de bien, que deben resistir la profundización del proyecto dominante y buscar caminos alternativos que nos conduzca hacia otros horizontes: de dignidad y cohesión, de equidad distributiva, de condiciones de vida digna para todos. Es posible y tenemos los recursos para ello, pero el cambio requiere el compromiso y protagonismo de todos. La voracidad sin límites de la banda de forajidos que saquea de manera brutal nuestras riquezas no acabará por generación espontánea o por decisión de los propios saqueadores. Nadie nos va a regalar nada, y eso debemos aprenderlo de una vez por todas, antes que sea demasiado tarde.

Luis Lafferriere / Docente universitario – Director Programa de Extensión Por una nueva economía, humana y sustentable – Carrera de Comunicación Social UNER.

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