Con un decreto, el Gobierno blanqueó el mayor gasto que generó la devaluación.

El Gobierno amplió en $ 418.600 millones los gastos del Presupuesto de este año, un 15% sobre el total. La partida que sobresale con el mayor aumento –casi equivalente al 50% del total-- es el la de los intereses de la deuda, que se incrementa en $ 201.000 millones. Además, confirma que será el Estado el que pagará el desfasaje que generó la devaluación en las boletas de gas y que inicialmente iban a abonar los consumidores en 24 cuotas.

Esta ampliación extraordinaria, distribuida en 379 planillas, "blanquea" el mayor gasto que se originó por la disparada del dólar y la mayor inflación. Y se hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1053/2018 publicado este viernes en el Boletín Oficial. De los $ 418.600 millones, $ 255.000 millones se financian con recursos por el cobro de mayores impuestos y cargas sociales, y el resto incrementa el déficit originalmente aprobado en el Presupuesto 2018.

A su vez, a través de la Decisión Administrativa 1819/2018 de Jefatura de Gabinete se compensan en 258 planillas ampliaciones de partidas (como ENARSA y Aerolíneas Argentinas), con reducciones en otras (como en obras para Educación), con un incremento del gasto por $ 82 millones que se financian con mayores recursos por $ 1.731 millones.

Expresamente, el DNU señala “que es menester modificar los créditos vigentes correspondientes al servicio de la deuda pública para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública correspondientes a comisiones, intereses y amortizaciones del presente ejercicio”. Y en la planilla 170 se detallan los pagos que suman $ 201.068 millones. 

A su vez, por “las volatilidades de las variables financieras y del tipo de cambio que tuvieron lugar este año que pusieron en evidencia aspectos no contemplados en el régimen previsto hace más de 25 años”, el artículo 7 del DNU establece que el Estado Nacional asumirá “con carácter excepcional”, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”. En su momento, el Gobierno había dicho que se trataban de unos $ 20.000 millones.

En tanto, el articulo siguiente, señala que “a partir del 1º de abril de 2019 los proveedores de gas natural y las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes deberán prever en sus contratos que en ningún caso podrá trasladarse a los usuarios que reciban servicio completo el mayor costo ocasionado por variaciones del tipo de cambio ocurridas durante cada período estacional”.

En los fundamentos del DNU, el Gobierno dice que durante este año hubo “una mayor volatilidad de las variables financieras, del tipo de cambio y de los índices de precios tomados en cuenta al elaborar el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018”.

En consecuencia con una economía en recesión, con fuerte devaluación del peso y con niveles de inflación anual de más del 45%, el Presupuesto votado por el Congreso quedó desfasado, llevando al Gobierno a “adecuar el nivel de ingresos y gastos” con el objetivo de “alcanzar la meta fiscal de 2018 equivalente a un déficit primario 2,7 % del Producto Interno Bruto (PIB)”.

La consultora ACM estima que el déficit primario alcanzaría al 2,6% del PBI, y con los intereses de la deuda (total $ 406.000 millones), sin contar Provincias ni Banco Central, el déficit total sería del 5,6% del PBI.

Prácticamente todas las partidas sufren modificaciones, como las destinadas a los distintos Ministerios, ANSeS, cajas provinciales, al Programa de Estímulos a la Producción de Gas Natural y del Programa de Asistencia a Empresas Distribuidoras de Gas, transferencias a CAMMESA y al Fondo Fiduciario del Transporte y a las empresas privadas en función de la venta de combustible a precio diferencia, a operadoras ferroviarias.

Fuente Informativa: Clarin Econimía - Ismael Bermudez

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