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La dura polémica por los fallos judiciales que prohíben las aplicaciones de productos fitosanitarios en los alrededores de las escuelas rurales entrerrianas –en un radio de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas– significa, en la práctica, que una superficie de entre 280.000 y 300.000 hectáreas aproximadamente quedará sin producir, según las primeras estimaciones públicas y privadas.

Entre Ríos perdería más de 7 mil millones de pesos por la prohibición de las pulverizaciones

La dura polémica por los fallos judiciales que prohíben las aplicaciones de productos fitosanitarios en los alrededores de las escuelas rurales entrerrianas –en un radio de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas– significa, en la práctica, que una superficie de entre 280.000 y 300.000 hectáreas aproximadamente quedará sin producir, según las primeras estimaciones públicas y privadas. Más allá de las consideraciones políticas, jurídicas, ambientales y de salud pública –todas respetables y atendibles–, lo cierto es que, desde el punto de vista económico, Entre Ríos, de mantenerse la prohibición, podría perder más de 7 mil millones de pesos –unos 191 millones de dólares– sólo en cuatro cultivos: soja, maíz, sorgo y trigo.

 

Escenario.

El Gobierno provincial, ante este complicado escenario, adoptó dos medidas concretas: por un lado, apelar los fallos a través de un recurso extraordinario ante la Justicia; y, por el otro, elaborar un decreto que cubra los “vacíos” legales en la materia, que se conocería próximamente. Desde que estalló esta polémica se profundizó la fortísima discusión entre los actores involucrados, en algunos casos con durísimos cruces de opiniones –incluidas descalificaciones que no ayudan para nada–, pero también con saludables debates como los llevados a cabo la semana que terminó en las Facultades de Trabajo Social y de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Desde el sector agropecuario, tras la apelación del Ejecutivo ante el Poder Judicial, los exaltados ánimos parecieron calmarse al punto que productores de Gualeguaychú decidieron suspender una movilización que tenían prevista a Paraná para hacer oír sus reclamos.

Números.

Si la Justicia decidiera mantener la prohibición de las fumigaciones, Entre Ríos, como señalamos, perdería –por el área que quedaría sin cultivar– 7.080.174.035 pesos, o, si se prefiere la moneda estadounidense, 191.356.055 dólares. El número surge de considerar sólo cuatro cultivos –soja, maíz, sorgo y trigo– tomando como base para el cálculo la superficie que quedaría sin sembrar y el promedio de producción de los últimos diez años –datos aportados por el INTA–, más las cotizaciones de los granos del viernes 16 de noviembre (en Puerto San Martín) y un dólar a 37 pesos, según el valor del cierre del último viernes. Quedan fueran del cálculo el resto de los cultivos, las pasturas y demás producciones a las que se les aplican productos fitosanitarios.

 

DARÍO BERON - ACTIVIDAD PRODUCTIVA

 

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